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Año del diálogo y la reconciliación nacional
DOMINGO 27

de mayo de 2018

ENFOQUE

Los juzgados ambientales en el Perú

La visita del papa Francisco estuvo marcada por la defensa de las poblaciones indígenas y por su claro mensaje a favor de la protección del medioambiente. En torno a este tema, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien anunció, con ocasión de la apertura del año judicial, la implementación del Primer Juzgado Especializado en Derecho Ambiental en Puerto Maldonado, una de las ciudades visitadas por el pontífice.

1/2/2018


Edhín Campos Barranzuela

Juez Superior Titular de la Sala Penal Nacional

Ya en noviembre del 2017, el Poder Judicial organizó el Primer Congreso Internacional en Justicia Ambiental, en el que se suscribió el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental y que exhorta a las entidades públicas y privadas a asumir el compromiso de mejorar y promover el acceso a la justicia ambiental en el país.

La Constitución, en su artículo 2, inciso 22, en el catálogo de derechos fundamentales, incorpora por primera vez el “derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Es decir, la Carta Magna ha elevado a nivel fundamental dicho derecho, por lo que el Estado tiene el deber de hacer efectiva su plena vigencia, así como prever los mecanismos de su garantía y defensa en caso de su vulneración.

En tal sentido, corresponde a la Policía Nacional especializada, la Fiscalía especializada en materia ambiental y el propio Poder Judicial, por medio de los juzgados en derecho ambiental, investigar, acusar y sancionar a todas aquellas personas naturales y jurídicas que incurran en la comisión de los delitos ambientales, como los delitos de contaminación y contra los recursos naturales que se encuentran tipificados en los artículos 304 al 314-D del Código Penal.

Los ilícitos penales más comunes son aquellos referidos a la contaminación del ambiente, tráfico ilegal de residuos peligrosos, delitos de minería ilegal, delitos de financiamiento de la minería ilegal, tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinadas a la minería ilegal, tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de especies acuáticas, tráfico ilegal de recursos genéticos, delitos contra los bosques o formaciones boscosas, tráfico ilegal de productos forestales maderables, de alteración del ambiente o paisaje y delitos de utilización indebida de tierras agrícolas.

En las investigaciones penales será de exigencia obligatoria un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. El informe será evacuado en un plazo no mayor de 30 días contados desde la recepción del pedido fiscal o del juez, el cual deberá ser merituado por el magistrado al momento de expedir la resolución o disposición correspondiente.