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Año del diálogo y la reconciliación nacional
LUNES 18

de junio de 2018

ENFOQUE

Nunca más en la administración pública

Mucha controversia ha causado en predios políticos y judiciales la nueva ley que prohíbe postular a las elecciones a los candidatos que hayan tenido sentencias condenatorias por delitos de corrupción de funcionarios, terrorismo, tráfico ilícito de drogas y delito contra la libertad sexual.

28/2/2018


Edhín Campos

Juez Superior Titular de la Sala Penal Nacional

En efecto, el espíritu de la norma electoral pretende que todas aquellas personas que participan en política y postulan a un cargo público de elección popular, no hayan tenido un pasado judicial comprometido con la comisión de delitos sensibles.

Con la norma electoral ya vigente, se prohíbe postular a aquellas personas que hayan cometido delito doloso, pero se entiende también que debe precisarse con mayor detalle algunos otros delitos considerados “graves”, por no decir “repetitivos”.

Porque con ese criterio comenzaríamos a enumerar una serie de delitos también graves como homicidio calificado, sicariato, extorsión, secuestro, trata de personas, pornografía infantil, delitos informáticos, monetarios-financieros, tráfico ilícito de migrantes, genocidio, desapariciones forzadas, marcaje, lavado de activo, entre otros delitos.

Lo que pretende la norma legal es que todas aquellas personas que postulan a un cargo público y que provienen de elección popular, no estén manchadas con un pasado judicial. Aquí se busca elegir al mejor vecino, al mejor ciudadano y al hombre que sea un ejemplo por seguir en todas sus modalidades, tal como acaba de hacernos recordar su santidad Francisco.

Sin embargo, esta norma colisiona con la Constitución Política al referir en el inciso 22 del artículo 139 que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

Además, el artículo 69 del Código Penal establece que el que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad penal, queda rehabilitado sin más trámite y la rehabilitación restituye a la persona en sus derechos suspendidos o restringidos por la sentencia y la cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales.

De la misma forma, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la resocialización del sentenciado y devuelve los derechos afectados por una sentencia condenatoria.

Como se podrá apreciar, si bien la intención del parlamentario es muy buena, se ha necesitado un mayor debate jurídico y una mejor técnica legislativa para poner en vigencia una norma que indudablemente afectará a muchos candidatos.