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Año del diálogo y la reconciliación nacional
MIÉRCOLES 24

de enero de 2018

Pedido de facultades

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el pedido de delegación de facultades por 120 días para legislar en seis materias específicas: lucha contra la corrupción; gestión económica; gestión tributaria; adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); procedimientos administrativos; y gestión de riesgo de desastres.

13/12/2017


En ese sentido, la Mesa Directiva del Parlamento ha ampliado hasta el 12 de enero próximo la presente legislatura para abordar esta importante solicitud, a fin de que las bancadas la evalúen y adopten una decisión.

Al respecto, en el ámbito de la primera delegación de facultades autorizada por el Congreso en el 2016, se aprobaron en total 112 decretos legislativos, de los cuales 14 –tras la evaluación parlamentaria– fueron derogados parcialmente.

Esto muestra, por un lado, efectividad del Ejecutivo para legislar vía delegación de facultades; y, por otro, la garantía del control constitucional a cargo del Legislativo.

Al analizar la temática propuesta por el Gobierno, se trata de aspectos necesarios en sus respectivos ejes, como la lucha contra la corrupción o la agilización de las inversiones, para mencionar solo dos.

Por ejemplo, en el eje de la gestión económica, el Ejecutivo propone modificar el régimen aplicable para acelerar la expropiación de predios que serán utilizados en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

Este tema estuvo incluido en uno de los decretos legislativos aprobados por el Gobierno, pero que fue derogado por el Congreso porque supuestamente ponía en riesgo la propiedad de tierras de comunidades indígenas.

Ante esta situación, el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó, durante su mensaje a la Nación del 28 de julio del 2017, cinco proyectos de ley, entre los que se incluía una segunda versión mejorada de la propuesta, excluyendo a las comunidades indígenas de los alcances de la norma. La inciativa, hasta el momento, no ha sido aprobada.

Otro asunto está relacionado con la norma que faculta a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito. La iniciativa ya fue aprobada por la Comisión de Economía y Finanzas, pero aún no obtiene el voto definitivo del pleno.

En materia de lucha contra la corrupción, de tanta sensibilidad en la coyuntura política actual, el Gobierno propone restringir que las personas condenadas por tráfico de drogas y lavado de activos trabajen en el sector público, y también que el Estado no efectúe compensaciones a sentenciados que tengan deudas de reparaciones civiles, incluso si estos hubieran obtenido fallos supranacionales de indemnización.

Se trata de iniciativas para mejorar la posición del Estado en la lucha contra este flagelo, que es lo que reclama la ciudadanía.

Como vemos, son propuestas racionales, necesarias en el contexto político en el que vivimos, y esperamos que primen, al igual que en el primer pedido de facultades del Gobierno, la ecuanimidad y el interés nacional.