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Año del diálogo y la reconciliación nacional
JUEVES 26

de abril de 2018

CONOZCA EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN Y EL IMPACTO EN EL SECRETO PROFESIONAL

Precisan obligaciones de abogados para prevenir el lavado de activos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó recientemente nuevas normas para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a abogados y contadores, mediante la Res. Nº 789-208 que desarrolla el D. Leg. N° 1249. A continuación, dos expertos en la materia explican el alcance de esta decisión, así como su impacto en el ejercicio profesional y la protección del secreto profesional, al dar respuesta al siguiente cuestionario: 1. ¿Cuál es el impacto de la norma?; 2. ¿A quiénes alcanzan estas reglas y su impacto?; y, 3. ¿Qué recomendaciones darían al respecto?

22/3/2018


Carlos Senisse Anampa

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

1 La norma regula el cumplimiento de la obligación de los abogados que conozcan operaciones sospechosas informen a la UIF. Así, en cuanto al sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, esta dota de contenido a los registros de operaciones necesarios para luego detectar operaciones sospechosas, los cuales son suscritos por los abogados para cumplir con el referido mandato legal. Los reportes tienen ahora un mejor formato y se exige consignar en ellos data más precisa de los clientes, dependiendo del grado de riesgo que represente el cliente para el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo. La norma también establece dos regímenes para la recopilación de información, uno es el general y el otro, el reforzado.

Como se puede apreciar, ahora el profesional de la abogacía obligado a informar ante la UIF tiene criterios más definidos para registrar las operaciones en las que haya intervenido como abogado. Sin embargo, su debido cumplimiento requerirá que los abogados cuenten con una capacitación adecuada para que se cumplan las metas de la norma comentada.

2 Antes de la emisión de la norma, la referida obligación la regulaba el Art. 3 de la Ley N° 29038, modificada por el D. Leg. N° 1249, el cual simplemente se limitaba a fijar que están obligados a informar los letrados que intervienen de forma independiente o en sociedad en las actividades descritas en dicha ley. La nueva regulación ha precisado que son obligados solo los abogados que ofrecen servicios de forma independiente o en sociedad. Y en este último caso en que se constituye una persona jurídica, siempre que su objeto social sea la prestación de servicios jurídicos, legales y/o contables. Esto es, que no serán responsables aquellas sociedades en que su objeto social sea distinto al jurídico o legal y que, por alguna momento, hayan asesorado jurídica o legalmente a una persona natural o jurídica.

En la misma línea, se ha querido ahondar en la precisión de que no serán sujetos obligados a informar los abogados que trabajen en empresas distintas del ejercicio de su profesión, así como los que trabajan o prestan servicios en la Administración Pública.

Otro aporte de esta regulación es que en el caso de los abogados que trabajan en sociedad se ha excluido a la sociedad misma como sujeto obligado de reportar operaciones sospechosas y se ha señalado que solo serán considerados obligados los abogados que la conforman.

3 En cuanto a las consecuencias ante un incumplimiento, la norma aclara que será sancionada según el Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado por la Res. SBS N° 8930-2012. Por ello, todo obligado deberá implementar un registro de las operaciones señaladas en la norma e identificada previamente toda data que se encuentra resguardada por el secreto profesional, a fin de evitar que sea consignada erróneamente en el registro.

Virginia del Pilar Naval Linares

Estudio Caro & Asociados

1 Lo más resaltante de la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aprobada por Resolución SBS N° 789-2018, publicada el 03.03.18, es que impone la obligación a ciertos abogados y contadores públicos colegiados de implementar un sistema de prevención del lavado de activos, de conformidad con lo regulado por la Ley N° 27693 y su reglamento.

2 Los obligados a implementar dicho sistema son aquellos profesionales abogados y contadores que, de manera independiente o en sociedad, realicen o se dispongan a realizar –en nombre de un tercero o por cuenta de este– de manera habitual las siguientes actividades: (I) Compra y venta de bienes inmuebles; (II) Administración de dinero, valores, cuentas del sistema financiero y otros activos; (III) Organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas; (IV) Creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; y (V) la compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas.

Establece, asimismo, que los abogados y contadores –en su calidad de sujetos obligados– deben registrar las operaciones individuales referidas, sin importar el monto de la operación, en el Registro de Operaciones (RO). Y que dicha información “no se encuentra sujeta al secreto profesional”.

Por otro lado, se dispone que el oficial de cumplimiento debe enviar a la UIF-Perú un informe anual sobre la situación de su sistema de prevención y su cumplimiento. Como se advierte, la SBS ha delimitado qué información no se encuentra protegida por el secreto profesional, lo cual trae como consecuencia el deber de los sujetos obligados referidos de informar a la UIF-Perú las operaciones de sus clientes, sin que ello implique la comisión del delito de violación del secreto profesional, tipificado en el artículo 165° del Código Penal.

3 Aunque lo anterior puede ser cuestionable desde el ámbito constitucional, en la medida en que podría afirmarse que vulneraría el derecho a la defensa de aquel cliente que confíe información que pudiera involucrarlo con un ilícito penal para efectos de su defensa; lo cierto es que la información objeto de reporte no se refiere a la que el cliente brinde en el marco de la preparación de su defensa penal (en un litigio/controversia o eventual litigio/controversia penal), sino a la información que un abogado conozca para efectos de la disposición o administración de sus bienes, como parte de sus servicios profesionales.

En términos más claros, el estándar no aplica para abogados litigantes en materia penal, sino para aquellos defensores que ejerzan la representación de sus clientes para la disposición y administración de sus bienes (derecho civil, corporativo, etcétera).