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Año del diálogo y la reconciliación nacional
MIÉRCOLES 25

de abril de 2018

ENFOQUE

Retiros y autoconsumo de bienes y servicios

Existe escasa doctrina en torno al retiro y autoconsumo de servicios –de retiro de bienes hay material en demasía– porque no nos interesa investigar y poco importa el análisis y la lectura de esta época, lo cual alimenta la tan extendida informalidad.

31/12/2017


Jorge Chunga

Perito financiero

Los gobiernos de turno, por más de dos décadas, se preocuparon por ataviar la frase “ampliar la base tributaria”, expresión que suena bien para las tribunas. Esa ampliación de la plataforma tributaria usualmente tiene como meta una mayor recaudación, y para lograrla siempre se aplica la fórmula de obligar a pagar al contribuyente ya identificado con RUC y que cumple oportunamente con sus obligaciones tributarias.

Para ello, siempre lo supervisan los fiscalizadores. De pronto encontraban en su documentación algo como el consumo en un restaurante o la compra de gaseosas para compartir por el cumpleaños de un trabajador.

Por el criterio de aplicación de la norma (suprimiendo la esencia y la realidad económica), inducían al contribuyente a recalcular sus doce declaraciones juradas y, consecuentemente, su declaración de renta anual. Eso significa ajustar al contribuyente con la aplicación de multas, sanciones, intereses y costas (ius imperium).

Es lo que la máxima autoridad de recaudación fiscal bosqueja usualmente en su plan de acción, y los fiscalizadores se centran en ese objetivo solo para decir: “meta cumplida”.

Por eso vemos que, sobre el retiro y autoconsumo de bienes y servicio, un tema tan complejo, la administración tributaria no difunde su estrategia, donde la sociedad civil pueda involucrarse en positivo y aplicar la misma función que hacen algunas empresas en retener el 10% de servicios facturados y depositarlos en el Banco de la Nación.

Es de presumir que el ente recaudador tiene muy bien controlada la facturación de servicios por ventas electrónicas. Es un sector poco aludido por el ente fiscalizador, pero igual es oportuno invocar a los funcionarios a ser metódicos, aplicar estrategias cuando se trata de conglomerados empresariales por citar una ruta, y no insistir en perseguir a contribuyente adscrito al Programa de Libros Electrónicos si la información ya es conocida. Es decir, los funcionarios deben actuar como analistas de la recaudación tributaria.

El actual Gobierno, dentro de su política para que la economía continúe creciendo, debe dar prioridad a la reducción del déficit en infraestructura y reducir los altos índices de informalidad. Se requiere tejer fino para que el impacto de la recaudación no ‘ahorque’ a los mismos de siempre y con RUC conocido.

Es un deber notificar a los peritos de la recaudación y fiscalización tributaria que estamos en nuevos tiempos, con nuevas ideas, nuevos horizontes.