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ENFOQUE

Sistemas de pensiones

El divorcio del sistema previsional respecto a los beneficiarios que señalamos anteriormente se expresa en problemas permanentes originados en la deuda previsional y la falta de institucionalidad de las prestaciones.

7/1/2017


Leopoldo Gamarra Vílchez Catedrático de derecho laboral y de seguridad social



Puede entenderse, por lo menos parcialmente, que las responsabilidades de ese diagnóstico se debe a las dificultades económicas producto de la inflación de la década de 1980, a la cuantiosa deuda de los empleadores de los sectores público y privado, al uso de los recursos para fines ajenos, la deficiente gestión administrativa y económico-financiera, a la corrupción y al no pago del Estado de sus deudas incalculables que terminaron, a inicios de la década de 1990, haciendo crisis los seguros sociales existentes.



En ese contexto, los seguros de pensiones derivaron primero en simples esquemas de reparto, al desaparecer las reservas técnicas, y progresivamente se tornaron más dependientes de las finanzas públicas, con dos restricciones muy claras: el nivel de la cotización de trabajador, que incide sobre los costos laborales de contratación; pero también el nivel de obligaciones previsionales en el gasto público, que presiona sobre los otros componentes del presupuesto, en especial sobre aquel que es más flexible: la inversión pública.



De esta manera, surgió la necesidad de tener que expresar en pasivos tangibles las promesas/compromisos de pago a futuro, cuando se acredita el derecho de tener una pensión, lo cual se expresó de dos maneras: como bonos del Estado, que reconocen aportaciones realizadas y como flujo de pagos futuros para atender pensiones en períodos subsiguientes.



Las drásticas restricciones que aquejaron al sistema público, de cuenta única y de solidaridad, alentaron el modelo previsional de capitalización individual de carácter privado con el supuesto objetivo de brindar mayores y mejores pensiones.



Sin embargo, según el informe de la OIT en la 91ª Conferencia del 2013, se verificaron éxitos en la cobertura de las pensiones en Brasil y de las prestaciones de salud en Costa Rica, ambos con el sistema público como base.



Hace más de tres décadas que empezó la implementación del sistema privado de pensiones en América Latina. Hubo un momento de euforia en los que dirigían el sistema, tratando de insertarse eficazmente, para lo cual esgrimían un modelo teórico distinto que puede resumirse en cuatro proposiciones: las pensiones son mercancías reguladas por la oferta y la demanda del mercado; responsabilidad individual y libertad personal en el ahorro para obtener pensiones; la empresa privada es garantía de eficiencia y modernidad en la gestión jubilatoria; y el sistema es seguro y rentable y posibilitará la reactivación económica de cada país.



Ahora afronta problemas y limitaciones para su desarrollo, de manera diferente en cada país latinoamericano.