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Año del diálogo y la reconciliación nacional
DOMINGO 17

de junio de 2018

Tolerancia cero

Las numerosas denuncias y testimonios de víctimas de hostigamiento sexual laboral en las redes sociales revelan un serio problema que el Gobierno busca erradicar. Lograrlo es un desafío que se ha trazado mediante diversas acciones en las instituciones públicas, de tal manera que se aplique una política de tolerancia cero a aquellas manifestaciones de acoso en la vida diaria en general y en los centros de labores en particular.

4/3/2018


Una primera medida fue el establecimiento del Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral cada 27 de febrero, para concienciar a la ciudadanía sobre aquella conducta física o verbal reiterada, de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, demostrada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad, o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra. Ello implica también el comportamiento de una o más personas hacia otras, con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo, creando un clima de intimidación, humillación u hostilidad.

Para evitar esa clase de situaciones, el empleador es responsable de capacitar a los trabajadores sobre las normas y políticas contra el hostigamiento sexual en la empresa, adoptar las medidas necesarias para que cesen las amenazas o represalias ejercidas por el hostigador, las conductas físicas o comentarios que provoquen ese ambiente enrarecido. Incluso deberán comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la ocurrencia de estos casos y el resultado de las investigaciones efectuadas para verificar el cumplimiento de la ley.

Al respecto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) iniciará operativos de orientación en diversas regiones sobre los alcances e importancia de la prevención y sanción de ese tipo de hostigamiento sexual. Las instituciones públicas y privadas deben acatar todas las disposiciones, en caso contrario serán sancionadas con multas de hasta 186,750 soles si incumplen con instaurar un procedimiento sumario de prevención y sanción, para asegurar la atención oportuna de las quejas que sean presentadas por las presuntas víctimas, procedan con la investigación y sanción al hostigador, que incluso podría ser despedido.

Resulta lamentable que, pese a las disposiciones legales en este tema, la Defensoría del Pueblo haya revelado que la mayoría de los gobiernos regionales del país no ha implementado normas que sancionen la falta. En un informe realizado por la dependencia, de los 25 gobiernos regionales, solo el 44% (11) cuenta con una normativa interna que regula el procedimiento para la prevención y sanción de estos actos; mientras que el 64% (16) aprobó una ordenanza que declara de interés regional la prevención, atención y protección del problema. Asimismo, del total de 19 ministerios, tres no cuentan con una directiva interna al respecto.

La problemática persiste, pero solo la voluntad política de las autoridades será garantía de llevar adelante una campaña que obtenga resultados en el corto plazo.